en el contexto de la pandemia, la discriminación contra el personal médico no puede ser admitida y ante su ocurrencia, estos pueden acudir a la acción de tutela o a la denuncia penal para lograr la protección de sus derechos fundamentales.
La delicada situación por la que atraviesa el mundo en este momento ha sacado a flote nuevas conductas sociales, siendo la mayoría de ellas de reinvención ante la adversidad. Sin embargo, existen otras, que son reprochadas por el ordenamiento constitucional.
Los medios de comunicación han reportado que el personal médico ha sido víctima de discriminaciones en diferentes entornos sociales, debido a su ejercicio profesional y su cercanía con pacientes que pueden estar infectados con el virus.
Cabe recordar que la Corte Constitucional ha elaborado una definición sobre discriminación, entendiendo que se trata de “Un acto arbitrario dirigido a perjudicar a una persona o grupo de personas con base principalmente en estereotipos o perjuicios sociales, por lo general ajenos a la voluntad del individuo, como son el sexo, la raza, el origen nacional o familiar, o por razones irrelevantes para hacerse acreedor de un perjuicio o beneficio como la lengua, la religión o la opinión política o filosófica.” (T-098/1994).
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La Ley 1482 de 2011, reformada por la Ley 1752 de 2015, regulan la protección contra la discriminación y sanciona penalmente los actos de discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación.
La existencia de una regulación de tipo penal no excluye que la persona que ha sido víctima de actos discriminatorios acuda a la acción de tutela buscando la protección de sus derechos fundamentales. En este sentido, debe entenderse que el ordenamiento jurídico brinda una protección judicial, integral y multinivel contra la discriminación.
Así, en el contexto de la pandemia, la discriminación contra el personal médico no puede ser admitida y ante su ocurrencia, estos pueden acudir a la acción de tutela o a la denuncia penal para lograr la protección de sus derechos fundamentales.
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