Nelson Mandela afirmó que la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Precisamente bajo ese fundamento, las entidades cooperativas han mostrado su compromiso para con la educación, conscientes de que una sociedad más justa y equitativa sólo se logra, de manera sostenible, si los ciudadanos tienen una formación sólida que les permita asumir los retos económicos, sociales y personales de manera adecuada.
Más allá del quinto principio cooperativo (educación, formación e información), este modelo económico y social propende por generar un impacto que permita mejorar las condiciones de vida y maximizar el bienestar de las personas; no sólo sus asociados sino la comunidad en general. Fue así como en los últimos 12 años, las entidades cooperativas colombianas invirtieron casi $1 billón en educación, en todos sus niveles, es decir, aproximadamente el doble de lo invertido en el programa “Ser pilo paga” del gobierno nacional (según las cifras del presupuesto anual publicadas por el Ministerio de Educación). Dicha inversión va desde las becas y auxilios educativos, hasta la entrega de kits escolares y la construcción y dotación de colegios, en diversos municipios a lo largo y ancho del país.
Para el caso particular del Grupo Juriscoop, en ese mismo período se otorgaron más de mil trescientos auxilios para educación superior en una cuantía mayor a los $4.600 millones. Esta es una verdadera muestra de solidaridad que trasciende en las familias colombianas, y que se evidencia en los diversos testimonios y mensajes de agradecimiento que hemos recibido.
Pero el compromiso cooperativo con la educación no se queda allí. Estas empresas también desarrollan convenios con diferentes instituciones de educación, que permiten el acceso a formación de calidad con una inversión asequible, a través de descuentos y otros beneficios en las matrículas, libros y materiales. Estos convenios, aunados a los auxilios ya mencionados, así como a créditos educativos en condiciones preferenciales, brindan verdaderas posibilidades de acceso a la educación.
Por ejemplo, la Fundación Progreso Solidario, tiene convenios con 12 universidades que permiten a los asociados y su grupo familiar contar con descuentos en matrículas del 10% en promedio, y de los que se beneficiaron, solo en 2016, 1.398 familias. Y en lo que respecta a los créditos educativos en condiciones preferenciales, se cuenta con un fondo a través del cual se otorgan créditos educativos sin intereses (tasa de interés del 0%) y créditos con tasa de interés subsidiada, con 3.019 beneficiarios en el año 2016 por $11.172 millones.
De otro lado, las cooperativas también han asumido el compromiso de educar en materia financiera. Según lo planteado en la “Estrategia nacional de educación económica y financiera” (2010) desarrollada conjuntamente por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, el Banco de la República, la Superintendencia Financiera, Fogafin, Fogacoop, y el Autorregulador del Mercado de Valores, Colombia es un país con una muy baja alfabetización financiera, entendida ésta como el conocimiento y la habilidad para aplicar conceptos financieros básicos a la vida cotidiana. Esta es una de las razones por las que puede encontrarse en la población colombiana un alto nivel de endeudamiento, baja cultura del ahorro y la previsión, y factores que desencadenan la imposibilidad de progreso en materia financiera.
Bajo este contexto, las entidades cooperativas han desarrollado estrategias para acercar a las personas al mundo financiero, para que los productos y servicios de esta índole les permitan mejorar su calidad de vida. El uso de herramientas como el presupuesto personal y familiar, el conocimiento sobre los seguros y el incentivo al ahorro hacen parte de tales estrategias. Fue así como durante el año 2016 se continuó con la entrega de kits de educación financiera que viene desarrollando año tras año, con un total de 33.000 kits entregados ese año. Así mismo, se desarrollaron mesas de trabajo en 30 ciudades del país y se realizaron campañas a través de las cuales se buscó incentivar la cultura del ahorro y la previsión. Sólo a través del incentivo al ahorro se beneficiaron 24.900 personas durante el año 2016.
