Cubrimiento universal de calidad: este puede ser el objetivo más buscado por los gobiernos de todos los países, sin excepción, en cuanto al sistema de salud de sus habitantes. En el caso particular de Colombia, desde la década del noventa del siglo pasado el país avanzó en cobertura como nunca antes lo había hecho en su historia. De un cubrimiento en salud que nunca pasó del 25 por ciento de su población, con la puesta en marcha de la Ley 100 de 1993 el país fue aumentando hasta alcanzar cifras que sobrepasan el 90 por ciento en años recientes.
No es un invento, ni las cifras están amañadas por intereses políticos o de otro tipo: ya sea en el régimen contributivo, en el subsidiado o en alguno de los especiales, el 94,49% de los colombianos estaban cubiertos por el Sistema General de Seguridad Social Salud en el año 2015, según un observatorio independiente*. Una cifra de tal magnitud señala un estado muy cercano al cubrimiento universal.
Ahora bien, si hablamos de la calidad del servicio de salud, y de otros aspectos como oportunidad o eficiencia, las cifras no son tan positivas, a pesar de los esfuerzos que han hecho el gobierno en general y el Ministerio de Salud en particular por mejorar esos indicadores.
Todas las semanas nos encontramos en los medios de comunicación con casos que ilustran dolorosamente las dificultades que encuentran algunas personas para acceder a los servicios de salud que necesitan. Los recursos no llegan adonde deberían llegar ni en los tiempos oportunos, y un mecanismo que se supone serviría para resolver anomalías como es la tutela, se ha convertido en la norma para agilizar trámites y resolver conflictos.
Es inevitable: no existe un sistema de salud perfecto en todos los aspectos, y al enfocar los esfuerzos en la cobertura universal se ha pospuesto la implementación de las medidas suficientes para mejorar la eficiencia, la calidad y la oportunidad, entre otros factores. Mientras tanto, el Ministerio de Salud, las Secretarías departamentales y municipales así como diferentes instituciones públicas y privadas siguen trabajando para atender e incluso mejorar la salud de los colombianos.
Las empresas de medicina prepagada participan de diversas maneras en el sistema general y público de salud. Ellas ofrecen sus servicios desde antes de la Ley 100 de 1993, pero con la expedición y puesta en marcha de la Ley ajustaron su oferta para acoplarse a las necesidades tanto del sistema como de los usuarios. Desde entonces, estas empresas se han integrado de muy diversas maneras al sistema general de salud, generando beneficios no sólo a los usuarios de prepagada en particular, sino a todos los afiliados al sistema público y obligatorio creado por la Ley 100.
Estos aportes están reconocidos por el Estado al gravar la medicina prepagada con un IVA de 5%, en vista del ahorro que suponen los usuarios de esta y otros planes voluntarios para el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Aunque todos los colombianos están obligados a tener EPS, quienes también tienen un plan de medicina prepagada o algún otro plan voluntario de salud tienden a preferir el voluntario sobre su plan obligatorio, generando así un ahorro al sistema general.
Es difícil cuantificar exactamente este ahorro, por la complejidad que entraña el estudio del aseguramiento en salud. Sin embargo, Fedesarrollo, el Banco de la República, universidades y centros de investigación adelantan estudios para determinar con mayor exactitud el impacto económico que ejercen sobre el sistema general de salud los llamados planes voluntarios, que incluyen la medicina prepagada, los planes complementarios al POS, las pólizas de seguros de salud y los servicios de ambulancia privados.
Para las personas que tienen un plan de medicina prepagada los beneficios frente al POS saltan a la vista: mejoras en la hotelería ante un evento hospitalario, agilización en la oportunidad y amplitud en la variedad de instituciones y especialistas hacen de estos planes una alternativa sumamente atractiva para familias con ingresos medios y altos.
Pero ellos no son los únicos que advierten los beneficios: en encuestas hechas a profesionales de la salud de pregrado y posgrado puede verse que estas personas consideran como factores positivos el volumen de pacientes, y sobre todo la visibilidad y el prestigio que ofrece trabajar para una de estas compañías.
Por otro lado, por un mero asunto de economía, de ahorro, las empresas de medicina prepagada trabajan más en la salud que en la enfermedad de sus usuarios. Es decir, se preocupan por realizar campañas permanentes y amplias de prevención y promoción de hábitos de vida saludables dentro de la familia. Estas campañas inevitablemente llegan a personas no inscritas en los planes de medicina prepagada, y podemos decir que, a largo plazo, se mejora la salud de la sociedad en general. Es otro aspecto que habría que medir con mayor precisión mediante investigaciones independientes y de amplia divulgación.
En un escenario ideal, el sistema general y público de salud cubriría a toda la población del país con un servicio de calidad para todos los afiliados, con equidad y oportunidad. Hacia allí deberían tender los esfuerzos. Sin embargo, teniendo en cuenta el sistema actual y las mejoras que se proyectan en el mediano plazo, pienso en un escenario donde el POS y los planes voluntarios se integren de manera armónica para brindar salud plena a todos los habitantes del país, sin importar sus ingresos y localización geográfica.
* Datos del observatorio Así Vamos en Salud, aquí: http://www.asivamosensalud.org/indicadores/aseguramiento/aseguramiento-georeferenciado
