En un período de 22 años se han realizado un total de 4 encuestas nacionales de salud mental, documentos que han sido utilizados para definir normas, metas, acciones, planes y política pública.
Una de estas normas es la Ley 1616 de 2013 dirigida a garantizar el derecho a la salud mental a través de la adecuación de los servicios, con enfoque preferencial en niños, niñas y adolescentes, implementación de la integralidad, el fortalecimiento de la salud comunitaria, creación del Consejo Nacional de Salud Mental, entre otras acciones dirigidas a la atención de los pacientes con trastornos y problemas mentales (Congreso de la República de Colombia, 2013).
Para dimensionar el impacto de las consecuencias de no tener una buena salud mental se tienen las siguientes cifras. En la más reciente Encuesta Nacional de Salud Mental 2015 (ENSM 2015); que define un marco comprensivo en torno a salud mental, problemas de salud mental y trastornos mentales y condiciones crónicas, se afirma que la depresión es la segunda causa de carga de enfermedad1. De los 65 años de expectativa de vida de este momento, 18 años se viven con una carga de enfermedad por discapacidad, de estos 7.5 años se debieron a discapacidad por enfermedad mental (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015).
“El impacto de los problemas y trastornos en salud mental es inmenso en lo social, familiar, personal y económico; hasta el punto de considerarse un problema de salud pública.”
Uno de los problemas sociales, de salud pública y salud mental más complejo es el suicidio. Entre los años 1979 y 2014 se presentaron un total de 56.448 suicidios. 74,2% ocurrieron en el área urbana con tasas promedio de mortalidad de 4,2 por 100 mil habitantes en lo urbano y 3,7 para el área rural, situación que impacta más a los hombres que a las mujeres. Por edad, los grupos más afectados corresponden a los hombres de 65 y más años y de 15 a 24 años; a su vez en las mujeres las tasas más altas se presentaron en el grupo de 15 a 24 años. En el período 1979-1999/2000 se presentó un incremento permanente de las tasas; a partir de 2000 y hasta el 2014 el fenómeno tendió a la disminución. Como causa del aumento en el período 1979-2000, está la violencia y las crisis económica, política y social de ese momento (Chaparro-Narváez, Díaz-Jiménez, & Castañeda-Ojeda, 2018). Por desgracia, a partir de 2014 se inicia un nuevo período de aumento en la tasa de suicidios; en 2013 la tasa promedio fue de 4,5; en 2017 alcanzó la cifra de 5,6 (Instituto Nacional de Salud).
Recientemente se adoptó la Política Nacional de Salud Mental con una visión centrada en posicionar la salud mental como una prioridad para el país en el marco de la Ley 1616/2013 y del Plan Hemisférico para la Salud Mental 2015-2020 con las siguientes recomendaciones:
- Orientar programas de promoción que fortalezcan las habilidades psicosociales individuales y colectivas, la cohesión social y gestionen entornos saludables, resilientes y protectores
- Orientar programas de prevención que articulen los sistemas y servicios de salud mental con los dispositivos de base comunitaria
- Fortalecer la respuesta de los servicios de salud con enfoque de atención primaria en salud
- Promover la rehabilitación basada en comunidad y la inclusión social
- Optimizar los sistemas de información y de gestión del conocimiento, así como la articulación sectorial e intersectorial
De resaltar en esta Política: el trabajo con la comunidad y centrar la gestión en la atención primaria e insistir en el fortalecimiento del talento humano; un ejemplo de esto último es el déficit de psiquiatras, se requieren 1.442 pero el país cuenta con 9382 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018).
En cuanto a la garantía de los servicios de salud mental, algunos afirman que después de varios años de promulgada la Ley de Salud Mental aún persisten dificultades en el acceso y la inequidad en salud mental (Rojas-Bernal, Castaño-Pérez, & Restrepo-Berna, 2018).
En la ENSM 2015 se registra una brecha entre cobertura y acceso que se podría explicar en buena parte por barreras actitudinales, como descuido o no querer ir a consulta, pero igualmente afectan el estigma, la inadecuada interpretación de los medicamentos o del Sistema de Salud o las barreras estructurales como la ubicación geográfica o financieras. Se resalta la mejora significativa en el acceso a algún servicio de salud mental, puesto que en 2003 entre el 4,3% al 14,5% de persona con algún trastorno de salud mental accedieron a servicios, en comparación a lo identificado en la Encuesta 2015, que para el caso de la población infantil fue de 92,75, en adolescentes 88,5% y 88,9% en adultos.
El impacto de los problemas y trastornos en salud mental es inmenso en lo social, familiar, personal y económico; hasta el punto de considerarse un problema de salud pública. Si bien hay logros, hay que avanzar en fortalecer en salud mental a los equipos de médicos generalistas y especialistas, desarrollar la integralidad de los servicios, trabajar mucho más de cerca con la comunidad, empoderar a las personas, derribar estigmas, generar redes de apoyo y de relacionamiento, reconstruir el tejido social, desarrollar la empatía en cada uno de nosotros y sobre todo, superar la violencia en nuestro país. Propósitos que contribuirían enormemente a la salud mental de la población.
Al momento de escribir esta columna los medios de comunicación informan sobre el suicidio de un prestigioso médico. De tiempo atrás se ha alertado sobre esta situación, lo que obliga al conjunto de la sociedad a cuidar mucho más a los cuidadores, quienes están teniendo un riesgo mayor de suicidio según el Colegio Médico Colombiano (Baquero, 2020).
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