«Necesitamos una verdadera Ley de Insolvencia para MiPyMEs, por lo que necesitamos acción, para proteger a las que no sólo han “quedado en el camino”, sino que se han hundido en sus deudas y han sido ejecutadas.»
Durante el comienzo de la crisis económica, el entonces ministro de Hacienda, Ignacio Briones declaró categóricamente que muchas empresas quedarían en el camino debido a los efectos de la paralización del comercio por tanto tiempo. Junto con ello también anunció que el año 2021 sería el año de una profunda reactivación de la mirada a recuperar una economía saludable.
Sorpresa fue, tanto para gobierno como algunos sectores de la economía, que la crisis sanitaria tuvo una duración mucho mayor, y que muchas de las medidas que se implementaron para combatir sus efectos han necesitado una segunda vuelta (Fogape) o una extensión (Protección al Empleo). Un escenario tal, y sus dificultades propias confirmó nuestro análisis de que esta crisis debe ser pensada en dos tiempos. Uno para combatir la falta de liquidez, y otro de reactivación. Desde Asech hemos analizado e impulsado una serie de medidas, que pensamos que son las adecuadas para el manejo de la crisis económica que afectan hoy en día a las MiPyMEs, y algunas de ellas han tenido buena recepción por parte de las autoridades. Lamentablemente otras propuestas no han tenido la misma recepción.
Sin embargo, y sin olvidar las palabras del ex – ministro. Efectivamente debemos pensar en los emprendimientos que se quedaron atrás, o están en peligro de hacerlo. Actualmente tenemos en la ley 20.720 los procedimientos de liquidación y reorganización de empresas. El primero de estos procedimientos, es lo que antiguamente conocíamos como «quiebra». Sin duda, de esta crisis suponemos que un número importante de micro y pequeñas empresas se verían afectadas, así que revisamos las estadísticas que levanta la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento en los años 2019 y 2020 para comparar la diferencia.
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Para nuestra sorpresa, a pesar de haber un aumento, este no supera el 10% en relación con un año anterior, siendo 1653 liquidaciones de empresas en 2019 y 1827 el año siguiente. ¿Cómo se explica que, teniendo una pronunciada crisis económica con paralización total de actividades de algunos emprendimientos, exista tan poca diferencia en el sistema de insolvencia? La respuesta es la siguiente: Las pymes, no tienen un real acceso a los procedimientos concursales de empresa deudora. Su regulación y costos del procedimiento están realmente pensados para una empresa de gran tamaño, aun siendo su diseño uno de los más innovadores y confiables de la región.
Este problema no es ajeno al gobierno y en agosto, cuando planteamos por primera vez una renovación o adecuación de los programas de insolvencia se nos indicó que se estaba preparando un proyecto de ley que iba en la necesaria dirección de protección de las pymes. Este proyecto hoy en día se encuentra en el Senado en su segundo trámite constitucional. Hasta el día de hoy no hemos tenido una respuesta positiva respecto de un nuevo proyecto gratuito.
Creemos que un proyecto que persiga el fin de proteger a las pymes debe hacerse cargo de su realidad. La liquidación voluntaria, para aquellas microempresas que lamentablemente “van quedando en el camino” debiera al menos garantizar un acceso gratuito, que le permita a las pymes cerrar de forma ordenada y de acuerdo con el trasfondo de la ley, que es permitirles a estas empresas (y a las personas detrás de ellas que generan la mayor parte del empleo) una segunda oportunidad, que se haga cargo de la voz “reemprendimiento” escrita en la ley. Necesitamos una verdadera ley de Insolvencia para MiPyMEs, por lo que necesitamos acción, para proteger a las que no sólo han “quedado en el camino”, sino que se han hundido en sus deudas y han sido ejecutadas.
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