El sector cooperativo tiene una serie de exigencias legales, características, valores y particularidades que lo hacen especial, diferente, específico y de grandes alcances para beneficio de sus dueños (los asociados), sus empleados, el Estado y la comunidad, los cuales servirían de modelo para potenciales reformas tributarias, para generar proyectos productivos, dinamizar el empleo, fortalecer el crecimiento económico, ampliar la cobertura escolar, permitir que un mayor número de jóvenes puedan acceder a la educación superior en universidades privadas y públicas, participar en programas de especialización en Colombia o en centros de formación del exterior.
Construir viviendas dignas, sin tantos intermediarios, sin intereses mezquinos, a costos mucho más racionales y enlazados con procesos de acompañamiento y de formación que brinden herramientas a todos los integrantes del núcleo familiar, para así fortalecer el hogar y mejorar las condiciones generales de vida.
Entregar 50.000 o 100.000 viviendas de interés social, es suministrar ladrillos, cemento y varillas a una serie de personas que no están preparadas para compartir las zonas comunes, para vivir en comunidad y para acatar unas mínimas normas de civismo y urbanidad.
Primero debemos educar, orientar y conformar verdaderos hogares, antes de entregar un inmueble que con el correr de los años se convierte hasta en motivo de discordia y división entre parientes y herederos.
El artículo 54 de la ley 79 de 1988, que en su momento actualizó la legislación cooperativa, establece que, si del ejercicio económico de caño año resultan excedentes, debe destinarse como MÍNIMO un 20% para el Fondo de Educación y un 10% para el Fondo de Solidaridad. Es decir que, de las utilidades de las cooperativas, MÍNIMO el 30% se dedica a la inversión social. Estos recursos, si bien pueden privilegiar a los dueños de la entidad solidaria, la realidad es que con ellos también se impacta a las comunidades, a los padres de familia, a los proveedores y al Estado mismo. Una beca de estudio, un parque infantil, un kit escolar, un instrumento musical, un bono para recreación, un texto que su publique con patrocinio, un kit deportivo, programas de formación y capacitación, una vivienda que se construya, una batería sanitaria que se entregue a una familia, un techo que se mejore, un apoyo para la manutención de un estudiante, son todas acciones que multiplicadas por 10, 100 o por 1.000, involucran a una cadena de actores que están inmersos en el mercado y en la sociedad, por lo tanto, generan dinamismo económico, mayor equidad, más posibilidades de crecimiento humano y se mejoran los índices de pobreza.
Los colombianos estamos cansados y agotados, por expresar lo menos, frente al desgreño administrativo, a las coimas y a los carteles que “administran” los recursos que los ciudadanos pagamos en impuestos, además de las propias rentas que produce el Estado, lo que indiscutiblemente induce a más atraso y más inequidad, al paso que destruye la credibilidad en los gobernantes de turno y de los políticos de profesión. Dicha situación genera una comunidad impotente, una sensación de desazón y propicia la salida hacia otros países en busca de mayores y mejores oportunidades. Duele la patria al observar cada mañana los titulares de los periódicos donde el factor común es el delito en todas sus manifestaciones.
Las normas que regulan el sector solidario deberían servir como base y ejemplo para establecer tributos a otros actores económicos, para que en lugar de pagar al Estado millonarias sumas de dinero, que normalmente se dilapidan, destinen un porcentaje de sus utilidades, como lo hace el sector cooperativo, a constituir fondos sociales, administrados por las mismas empresas y con destinación especifica, atacando prioridades que todos conocemos. Podría establecerse que un sector productivo apoye la salud, otra la problemática de vivienda, de infraestructura vial, de educación, de emprendimiento. Es claro que se pueden hacer más y mejores acciones si se da un manejo transparente a los recursos de esos fondos.
Coopetraban, hace dos años implementó un Fondo Solidario de Vivienda a través del cual se ha entregado 25 viviendas dignas a igual número de familias en el Urabá antioqueño, una zona altamente afectada por los índices de pobreza y por la poca presencia del Estado. Éstas han sido construidas en asocio con la Fundación Apostolado La Aguja, con un costo aproximado de $35.000.000 por vivienda. El beneficiario únicamente debe cancelar $8.000.000 y una vez lo haga, la Cooperativa le condona el excedente ($27.000.000). Esto demuestra que se puede construir a costos muy racionales, soluciones y acompañamientos para las familias, obviamente si los recursos son administrados con la más absoluta transparencia y si existe una identificación en los valores éticos de los entes involucrados en el proceso.
Ahora bien, el lector mismo puede concluir sobre el impacto de estas acciones en una marca, en la reputación, en la credibilidad e imagen de una empresa independiente del sector al que pertenezca.
El modelo cooperativo está al alcance de todos los colombianos y puede brindar soluciones muy eficaces a muchas problemáticas, las cuales el Gobierno Nacional debería revisar y replicar.
Ojalá y hubiese más Manuel Mosquera Osorio en nuestra patria.