«Este Decreto pretende avanzar en el uso de tecnología e innovación, para facilitar el acceso a servicios financieros y lograr conectar inversionistas y emprendedores.»
Aún hay mucho camino por recorrer en este tema a nivel nacional, pues es de cuestionar que al paso de dos años de una ley que sale para promover este tipo de mecanismos colaborativos, solo una plataforma haya logrado catalogarse como tal, aun sabiendo que hay muchas con la intención.
Existen diferentes tipos de crowdfunding, hay dos que son los más conocidos y frecuentados, los primeros son los que se centran en donaciones, es decir, que las personas que ponen su dinero no buscan ningún tipo de recompensa o retribución, más allá de la satisfacción de estar aportando al crecimiento de una empresa o un emprendimiento. Por otro lado, está el equity crowdfunding, que básicamente es una plataforma financiera que funciona con inversiones o préstamos, en donde las personas que ponen su dinero reciben intereses, acciones, porcentaje de participación o algún tipo de retribución estipulado en el momento en el que comienza la relación.
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En el 2018 salió el Decreto 1357, el cual regula este último tipo de crowdfunding en Colombia, teniendo como principal objetivo beneficiar a los emprendedores que cuentan con un proyecto productivo formal, es decir, que cuentan con una empresa constituida y requieren el capital para sacarla adelante o potenciarla; igualmente, este Decreto pretende avanzar en el uso de tecnología e innovación, para facilitar el acceso a servicios financieros y lograr conectar inversionistas y emprendedores.
El Decreto sacado en el 2018 estipulaba unos montos máximos de financiación que suponían una barrera para muchas plataformas, hasta que en septiembre de 2020 se lanzó la actualización de dicha normativa. Anteriormente el monto máximo que se podía financiar cuando se contaba con la participación de aportantes calificados (inversionistas institucionales) era de 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) equivalentes a alrededor de US $ 3 millones, y hasta por 3.000 smlmv si esto no ocurría; con la nueva “flexibilidad” de los reguladores, el primer monto se amplió hasta US$ 13,7 millones.
Esta actualización le ha abierto las puertas a muchas más plataformas que han querido consolidarse y regularse como crowdfunding, pero que, entre muchas otras cosas, por esos topes no lo habían logrado. Aún hay mucho camino por recorrer en este tema a nivel nacional, pues es de cuestionar que al paso de dos años de una ley que sale para promover este tipo de mecanismos colaborativos, solo una plataforma haya logrado catalogarse como tal, aun sabiendo que hay muchas con la intención, sin embargo existen plataformas como Unergy que tienen un modelo de negocio similar, pero que precisamente por todas esas barreras no están constituidas como un crowfunding. Esto es un indicio claro de que esa “flexibilidad” de la que hablábamos anteriormente se hace necesaria para poder potenciar el crecimiento de las pymes y startups en el país, que tanto le aportan al desarrollo económico y social.
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