Pese a los esfuerzos implementados en gobiernos anteriores por mejorar el mercado laboral colombiano, un 60% de los trabajadores se encuentra hoy en situación de informalidad en Colombia, mientras que la tasa de pobreza es cercana al 40%, niveles aun lejanos del óptimo deseado. Y es que el mercado laboral evidencia el desafío que enfrenta el gobierno nacional para mejorar la situación de los trabajadores colombianos, un reto no solo por lograr un sistema laboral más incluyente que permita formalizar cada vez más trabajadores, sino también un sistema más preparado para proteger los empleos formales existentes y afrontar el desempleo en épocas difíciles.
De hecho, si algo debemos aprender de los dos últimos años, es la importancia del ahorro y la necesidad de incentivar mecanismos de protección a los trabajadores ante la vulnerabilidad de nuestras economías y de nuestro mercado laboral en un mundo globalizado, en el que eventos como el COVID, la desaceleración económica y la idiosincrasia local han tenido un impacto relevante. Hemos vivido un tiempo particularmente difícil y retador. Al cierre del 2020 se alcanzó una tasa de desempleo de 15,9% volviendo a niveles de dos dígitos (5,4 puntos más que 2019). El 2021 hubo una leve mejora, alcanzando tasas de 13,7% aun por encima de niveles pre-COVID, y el 2022 (a corte de noviembre) se obtuvo una tasa de desempleo de 9,5% volviendo a niveles prepandemia pese al panorama de incertidumbre. Hemos mejorado, pero aún hay una deuda pendiente con los trabajadores en desprotección.
Las cesantías que se han constituido primordialmente como un colchón para los afiliados ante periodos de desempleo, también han sido un apoyo para la educación, la consecución de vivienda, remodelación y amortización de créditos de vivienda aportando también a la reactivación del país.
Sin embargo, no todo ha sido gris, y, por el contrario, mecanismos de protección como las cesantías, han sido un salvavidas, un aliciente importante para millones de familias ante una coyuntura económica como la experimentada. Recordemos que las cesantías son una prestación social que el empleador debe garantizar, equivalente a un mes de salario por cada año laborado, cuyo fin primario es blindar al trabajador en épocas de desempleo. En efecto, las cesantías han permitido mitigar épocas de vacas flacas con el ahorro efectuado en periodos de vacas gordas, ayudando a los trabajadores a solventar sus gastos mientras retornan al mercado laboral. En el 2020 se logró un ahorro de $14,7 billones, en 2021 de $16,2 billones, y en 2022 de $15,9 billones de pesos, resultados levemente menores a los del año anterior dadas las dificultades globales en los mercados financieros, pero relevantes ante el panorama desafiante.
Es importante recordar que los recursos de los fondos de cesantías propiedad de los 9,3 millones de trabajadores, son administrados por expertos en inversiones (Colfondos, Porvenir, Protección, y Skandia) quienes procuran generar una óptima relación riesgo-retorno de acuerdo con el régimen de inversión establecido por el gobierno nacional. Por ello, deben cumplir con una rentabilidad mínima exigida. Además, cuentan con la debida diligencia y la supervisión de la Superintendencia Financiera, mecanismos que no solo procuran la mejor gestión sino también la protección de los recursos de los afiliados.
Estos ahorros, por ejemplo, permitieron a los afiliados cesantes hacer efectivos retiros por terminación de contrato, en 2020 más de $2,2 billones, y cerca de $355 mil millones por disminuciones en ingresos; en 2021, $2,4 billones (34,7% del total de retiros) y en 2022 un uso de $2,9 billones (36,8% de los retiros totales para ese año) con un aumento por esta causal cercana a 19,5% frente a 2021.
Adicionalmente, las cesantías que se han constituido primordialmente como un colchón para los afiliados ante periodos de desempleo, también han sido un apoyo para la educación, la consecución de vivienda, remodelación y amortización de créditos de vivienda aportando también a la reactivación del país. En el 2022 con retiros de $2,12 billones para compra de vivienda (26,8% del total de retiros) y $2,07 billones para mejora o liberación de vivienda (26,3% del total de retiros). Aunque los retiros por compra de vivienda vieron una disminución del 1,1% ($2,14 billones), los retiros por mejora de vivienda crecieron en 27% ($1,6 billones) y siguen siendo un rubro relevante en las familias colombianas y una fuente de ahorro muy importante. En cuanto a las metas de estudio, los trabajadores usaron $0,58 billones, representando el 7,4% de los retiros. Esto implica un aumento de 8,5% en el valor retirado con respecto al año inmediatamente anterior.
Las cesantías han tenido usos relevantes de los afiliados y han sido su gran refugio en épocas turbulentas, por lo que atendiendo al próximo pago de cesantías que se llevará a cabo en febrero, la invitación a los afiliados es procurar su uso como reserva para épocas de menor bonanza, más teniendo en cuenta que la incertidumbre económica global sigue latente. Por supuesto continúa pendiente y debe ser prioridad del gobierno promover mejoras del mercado laboral para aquellos desprotegidos.
