La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional estudió la acción de tutela presentada por Camila contra la Unidad Prestadora de Salud del Atlántico con el objeto de proteger sus derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, a la seguridad social, a la dignidad humana, al trabajo y al mínimo vital, los cuales consideró vulnerados al no renovarse, tras el diagnóstico de cáncer de mama, el cuarto contrato de prestación de servicios que se había celebrado entre las partes.
Recientemente la Corte Constitucional se pronunció mediante Sentencia T-326 de 2024, sobre un caso particular que se presentó con una entidad que se negó a renovar el contrato de prestación de servicios.
Al momento de la terminación del contrato el accionante se encontraba en tratamiento médico y contaba con una incapacidad debido a que meses atrás se detectó que padecía cáncer de seno. Este estado de salud ya se había informado a la entidad.
El contrato de prestación de servicios vencía el 31 de mayo de 2023 y la incapacidad iba desde el 24 de mayo de 2023 hasta el 24 de junio de 2023. La solicitante indicó que sus jefes directos tenían conocimiento de su estado de salud, ya que el 27 de marzo había enviado un correo electrónico informando sobre la incapacidad médica.
La accionante al iniciar su relación contractual con la entidad accionada, se encontraba en buenas condiciones de salud. Al examinar el asunto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional encontró acreditado que la señora Camila era titular del derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada. En ese sentido, advirtió que la Unidad Prestadora de Salud del Atlántico de la Policía Nacional infringió este derecho fundamental al no renovar el vínculo contractual con la accionante después de la finalización del último contrato de prestación de servicios, sin obtener la autorización previa del Inspector del Trabajo.
La entidad accionada alegó que no renovó el contrato debido exclusivamente al cumplimiento del plazo acordado, pero la Corte determinó que no se proporcionó una justificación suficiente para dejar de requerir los servicios de la señora Camila, ni se refutaron adecuadamente las alegaciones presentadas por la accionante respecto al conocimiento de la enfermedad por la accionada y la no renovación de su contrato.
En consecuencia, la Sala Tercera de Revisión concedió el derecho a la estabilidad ocupacional reforzada y al mínimo vital de la señora Camila. Para garantizar la protección de estos derechos se ordenó a la Unidad Prestadora de Salud del Atlántico de la Policía Nacional, que en el plazo de quince (15) días calendario, (i) renueve la orden de prestación de servicios con la señora Camila, en iguales o mejores condiciones de las que venía disfrutando en sus contratos anteriores. Esta vinculación deberá prorrogarse hasta tanto no exista una razón objetiva que impida la renovación del contrato de prestación de servicios, en los términos expuestos en esta sentencia anteriores y, en todo caso, acatando las recomendaciones médicas y ocupacionales que adopten los médicos tratantes de la actora; (ii) debe cancelar los honorarios dejados de percibir por la señora Camila entre el momento en el que presentó la acción de tutela y esta decisión, y (iii) debe pagar 180 días por concepto de honorarios, a favor de la señora Camila, conforme con lo previsto por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Tenga en cuenta que el Ministerio de trabajo ha determinado los criterios que deben observar los inspectores de trabajo para autorizar la terminación de la relación laboral de trabajadores que se encuentran en condición de discapacidad o debilidad manifiesta por razones de salud.
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Cuando el empleador solicita la terminación del vínculo y manifiesta que existe justa causa de despido. En este caso se debe determinar si el empleador que alega la justa causa de terminación garantizó el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción al trabajador en condición de discapacidad. El Ministerio de Trabajo tendrá un término de quince (15) días hábiles para expedir la autorización o negar la solicitud en este caso.
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Cuando el empleador solicita la terminación del vínculo y manifiesta que existe una causal objetiva. Las causales objetivas de terminación del contrato o vinculación laboral para los trabajadores con discapacidad o en situación de debilidad manifiesta son las mismas que rigen para cualquier trabajador del sector público o privado. Si se trata de expiración del plazo o terminación de la obra o labor contratada y el trabajador haya adquirido la discapacidad durante la vigencia de la relación laboral, el empleador debe acreditar que se ha realizado el proceso de rehabilitación, para lo cual debe oficiar a la EPS o ARL a la que se encuentra afiliado el trabajador. El Ministerio de Trabajo tendrá un término de quince (15) días hábiles para expedir la autorización o negar la solicitud en este caso.
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Cuando la discapacidad o situación de salud del trabajador sea incompatible e insuperable con el cargo que desempeña. Se debe verificar que el empleador llevó a cabo los ajustes administrativos y organizacionales que el proceso de rehabilitación y reincorporación ameritaba, soportando que la vinculación del trabajador, excede sus posibilidades y resulta incompatible con la estructura administrativa o empresarial. El Inspector de Trabajo dispone de un término de treinta (30) días hábiles para decidir la solicitud de despido.
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Cuando el empleador solicita la terminación del vínculo laboral pero no alega justa causa de despido o causal objetiva, ni acredita haber agotado el proceso de reincorporación del trabajador en situación de discapacidad. En este caso el Inspector de Trabajo negará la autorización de terminación del contrato de trabajo.
Se pretende así, definir los lineamientos para que las Empresas agoten todas las instancias administrativas antes de proceder con el despido de un trabajador que se encuentre en condición de discapacidad o de debilidad manifiesta por razones de salud, disminuyendo la probabilidad de ser objeto de sanciones o asumir el pago de indemnizaciones.










