«En Latinoamérica podemos lograr una transición energética que además de reducir las emisiones, garantice el suministro y contribuya a cerrar esas brechas sociales que amplifican los impactos del cambio climático.»
El cambio climático es un problema de todos. Bien lo sabemos en América Latina, donde emitimos solo cerca del 10% del total de Gases de Efecto Invernadero del mundo, y sin embargo somos una de las regiones más afectadas con sus impactos. Así lo reconoce el último informe del IPCC. El incremento del nivel del mar, el derretimiento de glaciares, la sequía y las inundaciones no son pronósticos apocalípticos para Latinoamérica, sino fenómenos que hacen noticias por su daño a comunidades y a sus entornos. Y lo peor es que esos efectos se agudizan por causa de la pobreza e inequidad que existe en la región.
Frente a ello, los países latinoamericanos se han comprometido con la descarbonización y la transición hacia energías limpias, aprovechando su enorme potencial: con el 61% de la capacidad de generación a partir de este tipo de fuentes, según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA). Y no solo son promesas: de los 20 países del mundo que alcanzan un 70% de participación de renovables en la generación eléctrica, 12 de ellos son de América Latina (ranking OLADE).
Estimaciones indican que la demanda total de electricidad de la región prácticamente se duplicará a 2040, hasta llegar a un total aproximado de 2300 TWh, lo que puede incrementar la demanda por minerales como el cobre y el litio y estimular las economías andinas. Y en términos de empleo, IRENA y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estiman que la generación renovable (construcción, implementación y mantenimiento) puede crear 43 millones de empleos globales a 2050.
No hay duda de los beneficios que puede traer esta transformación de la matriz de generación, pero ¿Estamos preparados para ese salto? Si bien hay consenso en la voluntad, aún persisten desafíos para que podamos descarbonizar sin por ello precarizar la seguridad del sistema energético ni excluir a las comunidades.
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Algunos de estos retos son la integración de nuevas tecnologías, como el hidrógeno verde, y la modernización de la institucionalidad y del marco normativo para que dé las certezas necesarias para las inversiones en renovables. También es urgente impulsar la infraestructura de transmisión, tal como ya ha anticipado el MIT Technology Review, si no queremos que la intermitencia de las renovables siga siendo un obstáculo, así como incorporar a los proyectos renovables el almacenamiento con baterías. Y están también los desafíos sociales, en el entendido de que debemos ponernos de acuerdo dónde construiremos la gran inversión en infraestructura que requerirá la transición energética, incluyendo en esa decisión a las comunidades que acogerán estos proyectos.
Y es que todos queremos descarbonizar, pero tenemos que hacerlo bien. Se requieren los esfuerzos colaborativos de todos y el sector privado tiene un gran rol que jugar. En Colbún, esperamos levantar 4.000 MW de renovables a 2030, incorporar almacenamiento con baterías e integrar el hidrógeno verde. Todo ello, de la mano del involucramiento temprano con las comunidades en los proyectos y buscando la forma en que palpen los beneficios de esta transformación.
Así lo estamos haciendo en Horizonte, ubicado en la Región de Antofagasta, y que es el proyecto eólico en construcción más grande de América Latina. Allí, estamos implementando un programa para que jóvenes estudiantes de la zona puedan terminar sus estudios técnicos y capacitarse en el ámbito de energías renovables, generando un círculo virtuoso donde las comunidades también se hacen protagonistas de la transformación.
En Latinoamérica podemos lograr una transición energética que además de reducir las emisiones, garantice el suministro y contribuya a cerrar esas brechas sociales que amplifican los impactos del cambio climático.
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