En un Sistema de Salud altamente regulado, en el que abundan las leyes, los decretos, las resoluciones, las circulares, las cartas circulares, las notas externas entre otros tipos de normas y actos administrativos que denotan una imperante intervención del Estado, emerge como una manifestación del principio de progresividad en la protección del derecho fundamental a la salud y en las afiliaciones en el que tanto ha insistido la H. Corte Constitucional, la creación del sistema de afiliación transaccional y novedades, cuyo espíritu sin duda ha de redundar en una mejor y mayor administración de la relación tripartita aportante-afiliado- EAPB (Entidad administradora de planes de beneficios).
Y es que, a más de poner a tono dicha relación tripartita con los avances tecnológicos en beneficio del acceso eficiente y oportuno a las prestaciones asistenciales y económicas, no veíamos un cambio tan significativo en esta materia desde el año 2002 cuando fuera emitido el entonces decreto 1703, el cual ya, desde diciembre de 2015, queda por tanto derogado en la gran mayoría de su contenido, que no en todo, ocurriendo lo propio con la mayor parte del contenido entre otros, de los siguientes importantes decretos: 806 de 1998, 047 de 2000, 1485 de 1994, 1804 de 1999, 3047 de 2013.
Es así como, será entonces el propio afiliado el que, en el marco y ejercicio de su derecho fundamental a la libre elección y habeas data, a partir de la creación y obtención de un usuario y contraseña intransferibles, tendrá la administración de su afiliación y toda aquella novedad que derivada de la misma se produzca, dicho esto, se parte de la base de un registro único de afiliación, indistintamente de cuantas novedades tengan lugar en la historia de la misma, todo lo cual, a partir de la plataforma transaccional dispuesta por el Ministerio de Salud en un ambiente web (Implementación gradual y aún no está disponible). Excepción hecha, de lo que en la nueva regulación se ha dado a entender como la afiliación oficiosa, según la cual, entidades como la UGPP, ICBF, Comisarías de familia y hasta las propias IPS y/o empleadores podrán ejercer la escogencia y afiliación ante una EPS-S en determinadas condiciones y circunstancias, lo cual si bien ya había sido anunciado en la ley 1438 de 2011, viene a ser hasta ahora una realidad en el detalle de su contenido e implementación.
Entonces bien, partir de la prevalencia absoluta del principio de “buena fe” constitucional en el entendido de que el Sistema de Salud debe creer en la manifestación del afiliado sin la generación de barreras y mucho menos sin la exigencia de soportes adicionales a los que impone el formulario único electrónico bajo las voces de la reciente resolución 974 de 2016, es un avance significativo que sin duda no debe interpretarse sin embargo, como una ventana abierta para caer por parte de los aportantes y afiliados en los terrenos de lo irregular, lo cual se mantiene proscrito y sancionable por la actual regulación, en tal virtud, se impone un alto grado de responsabilidad en la verdad como pilar fundamental de un sistema que la necesita para mantener un adecuado equilibrio de las cargas.
La ampliación de la posibilidad de inclusión de más beneficiarios dentro del grupo familiar básico del cotizante, la posibilidad de inclusión de los recién nacidos hasta el tercer mes con el solo aporte del certificado de nacido vivo, el reforzamiento de la figura de protección al cesante como una garantía de continuidad en la afiliación y acceso a los servicios, la ratificación de la figura de la movilidad entre regímenes (migración de un régimen a otro en determinadas condiciones sin salir de la misma EPS-S), la simplificación en el trámite y en los tiempos de efectividad de los traslados entre EPS-S, el replanteamiento de la figura del periodo de protección laboral, el reconocimiento proporcional de la licencia de maternidad a razón de las semanas cotizadas y dadas ciertas circunstancias, el sometimiento al reconocimiento de la licencia de paternidad al periodo de gestación de la madre (antes bastaba con haber cotizado durante las semanas previas al parto), las consecuencias para los aportantes cuando quiera que omita la garantía en la afiliación y el pago oportuno de los aportes al sistema, son todos, aspectos que han sido intervenidos, desarrollados y actualizados por virtud de la expedición del decreto 2353 de 2015.
Mención especial hay que hacer, al hecho de que no se requiera exigir la declaración de salud al momento de la afiliación, sin embargo, hemos de señalar que, a la luz de la resolución 5592 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social, resulta de sustancial importancia el que la EPS-S pueda conocer la información sobre el estado de salud del afiliado y los riesgos a los que se expone, de manera que se puedan activar las acciones de prevención, promoción y oportuno tratamiento, siendo necesario hacer entonces un llamado para que no se abandone por parte de la población afiliada esta sustancial acción que, en momento igual o posterior al de la afiliación redundará en beneficio del mayor y mejor estado de bienestar físico, psicológico y social tanto en lo individual como en lo colectivo.
Estar a un clic de poder acceder al universo del cuidado integral de la salud de la población, es sin duda un gran avance en la protección del derecho fundamental a la salud, lo mismo que también impone el deber de asegurar una correcta y adecuada administración de la información, de su propia información.
