Este año el Sistema General de Seguridad Social en Salud cumple 30 años de existencia. Durante este período, toda la institucionalidad creada a partir de esta política ha contribuido enormemente al bienestar de la población tanto en cobertura del aseguramiento como en los servicios de salud y la protección económica. Se debe advertir que a pesar de cumplir tres décadas sigue siendo un Sistema muy joven si se compara, por ejemplo, con los que se han desarrollado en otros países considerados exitosos en salud.
Antes de 1993, la atención en salud se les aseguraba solo a aquellas personas que laboraban en el sector privado o en el público que correspondía a menos de una cuarta parte de la población. Las instituciones que se crearon para este fin fueron el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, que posteriormente se llamó Instituto de Seguros Sociales; Caprecom, Cajanal y un poco mas de 1000 cajas de previsión de orden municipal, distrital o departamental.
Contrario a lo que se afirma, la Ley 100 no aumentó las entidades aseguradoras, lo que hizo fue reducir el número al eliminar cientos de cajas de previsión, incorporó organizaciones empresariales de las comunidades existentes en su momento, las Empresas Solidarias de Salud, e incluyó mayores exigencias para poder participar en el nuevo modelo, lo que redujo el número sustancialmente. El resto de la población fue atendida a través de los hospitales públicos los cuales ofrecían servicios según la capacidad de financiamiento por parte de los municipios, distrito o departamentos, utilizando como modelo un Sistema Nacional de Salud. Este esquema produjo inequidad y desatención en buena parte del país, además de un gran gasto de bolsillo por parte de las familias que las llevaban a la ruina.
Tres décadas después el escenario es totalmente diferente. La cobertura del aseguramiento llega a 51 millones de personas, incluyendo a los quintiles más pobres que se ubican en áreas rurales; se cuenta con una institucionalidad público-privada robusta para organizar la demanda, gestionar los riesgos, atender a los afiliados, fortalecer los servicios y la atención integral a los pacientes para asegurar el acceso, incluso, a tecnología que hoy no cubren los sistemas de salud de países de mayor ingreso y progreso; además del desarrollo de modelos centrados en Atención Primaria en Salud. Otro avance se relaciona con la protección económica; el gasto de bolsillo de las familias disminuyó al pasar del 52% al 15%; contribuyendo sustancialmente a la disminución de la pobreza multidimensional. Esta reforma permitió obtener un mayor financiamiento, el aumento en la participación del PIB así lo evidencia; creó un plan de beneficios explícito y exigible por parte de la población asegurando el derecho a la salud a través de las actividades de promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y servicios paliativos. A su vez, se han generado soluciones innovadoras, incentivos para la conformación de redes de clínicas y hospitales cuya capacidad y calidad ha crecido y fortalecido con el Sistema.
Adicional, los resultados positivos son importantes en salud materno infantil, actividades de promoción y prevención, atención de las enfermedades huérfanas y de alta complejidad como el cáncer, renal y cardiovascular, avances en la esperanza de vida y en bienestar y desarrollo del país.
Estos logros son reconocidos por la población puesto que, de cinco usuarios, cuatro se sienten satisfechos con los servicios prestados por su entidad aseguradora.
En la evaluación que se hace a nivel global sobre la cobertura en salud, se propone revisar las siguientes tres dimensiones: población, protección financiera y beneficios; para el caso de nuestro país estas se cumplen, razón por la cual es admirado y reconocido tanto a nivel nacional como internacional.
Hoy se propone cambiar radicalmente el Sistema de Salud. Aun cuando no se ha hecho pública la propuesta con los estudios correspondientes, en general, a través de algunos voceros, se plantea eliminar lo existente y centrar el ejercicio en subsidio a las instituciones más que a las personas, desarrollar una institucionalidad pública para el manejo de los riesgos, la organización de las redes de clínicas y hospitales a cargo de los hospitales públicos, volver a descentralizar el gasto, fijar reglas estrictas para la prescripción de las tecnologías en salud, establecer tarifas únicas e intervención en la prestación de servicios de salud. Hacer realidad esta propuesta partiendo de cero significaría una gran inversión inicial y varias décadas de aprendizaje para desarrollar las capacidades que requiere un Sistema Nacional de Salud como el que se propone actualmente para que se garanticen más y mejores servicios, aunque es importante recordar que este modelo lo tuvo el país antes de 1993 y sus resultados no fueron satisfactorios en torno a la protección de las personas y sus familias. La gran dificultad, entre otras muchas, estaría en como garantizar la atención en un lapso en el cual el nuevo sistema aún no nace, pues tomará incluso décadas su implementación además de grandes inversiones desde lo público, pero al mismo tiempo el anterior ya no existiría; infortunadamente la población estaría desprotegida durante este período.
El actual Sistema ha demostrado sus beneficios, mucho más allá de las dificultades que se le atribuyen. Como todo propósito social es perfectible, evolucionarlo asegura seguir avanzando en bienestar y desarrollo. Acabarlo significa borrar de tajo avances muy importantes que podrían significar un retroceso significativo en la salud y bienestar de la población, sin hablar del gran gasto que se generaría; llevándolo, siendo aún muy joven, a una posible muerte súbita.
