En una decisión que sacude el tablero financiero y jurídico del país, el Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del traslado masivo de recursos desde los fondos privados (AFP) hacia Colpensiones. La medida cautelar pone un freno de emergencia al polémico Decreto 415 de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional pretendía movilizar cerca de $25 billones de pesos.
La decisión judicial se centra en el Capítulo 5 de la norma, que obligaba a las AFP a transferir los ahorros de aquellos ciudadanos que decidieron cambiarse de régimen pero que aún no han consolidado su derecho a la pensión.
El fallo responde a una demanda que acusa al Ejecutivo de «saltarse la ley». Según el demandante y los argumentos acogidos preliminarmente por el alto tribunal, el Gobierno habría excedido su potestad reglamentaria. En términos sencillos: un decreto no puede cambiar las reglas de propiedad del ahorro pensional que ya están fijadas por leyes superiores.
«Se busca evitar que los recursos, que por ley deben generar rendimientos para el afiliado, sean utilizados como caja menor antes de tiempo», sugieren expertos cercanos al proceso.
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Las preguntas clave…
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¿Mi dinero está seguro? Para los 120,000 afiliados en proceso de traslado que aún no se han jubilado, la respuesta es que su ahorro permanecerá en el fondo privado por ahora. Esto garantiza que sigan percibiendo las rentabilidades del mercado hasta que se resuelva el fondo del asunto.
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¿Qué pasa si ya soy pensionado? La suspensión no afecta a quienes ya reciben su mesada de Colpensiones (Capítulo 6). En estos casos, el traslado de fondos se mantiene, pues la entidad pública ya está asumiendo el pago mensual de dichas pensiones.
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¿Por qué es importante el monto de $25 billones? Desde el sector financiero (Asofondos), se advirtió que mover tal cantidad de dinero en menos de 30 días —como exigía el decreto— obligaría a una venta masiva de títulos de deuda (TES) y acciones, lo que podría desestabilizar la economía nacional y bajar el valor de los ahorros de todos los trabajadores.
La respuesta del Gobierno: «Es una decisión desafortunada»
Desde el Ministerio de Trabajo, la reacción no se hizo esperar. El Gobierno calificó la medida como un obstáculo para la implementación de la reforma y aseguró que el dinero pertenece a los ciudadanos que ya eligieron libremente estar en el régimen público.
El Ejecutivo prepara ahora un recurso de súplica ante el mismo Consejo de Estado para intentar revertir la suspensión, argumentando que los fondos son necesarios para dar sostenibilidad al sistema y cumplir con las obligaciones actuales de Colpensiones.
¿Qué sigue?
La moneda está en el aire. Mientras el Consejo de Estado estudia si anula definitivamente el decreto, el país queda a la espera de un pronunciamiento clave de la Corte Constitucional sobre la Reforma Pensional general. Por ahora, los $25 billones se quedan donde están, marcando un nuevo round en la tensa relación entre el poder judicial y las ambiciones de reforma del Gobierno Nacional.
