«En Argentina se ha reglamentado desde 2018 la utilización de cheques electrónicos y facturas de crédito electrónicas con el objetivo de impulsar el financiamiento de las PYME.»
El 2020 será sin dudas un año muy recordado por tres generaciones en la historia mundial debido a la pandemia del Covid-19. Y no sólo por las medidas sanitarias preventivas adoptadas globalmente, sino también por la rapidez con las que fueron incorporadas. La velocidad con la que hemos adaptado nuevas costumbres es directamente proporcional a la velocidad con la que se transmite la información en un mundo en el que, hoy más que nunca, se evidencia las ventajas de la globalización en materia de comunicaciones, y de la cual a su vez es víctima en el aspecto sanitario.
Una buena parte de los nuevos hábitos pasa por la digitalización de las finanzas, con impacto tanto en individuos como en empresas. La difusión e implementación de las políticas públicas en este sentido – en general de lenta expansión – han cobrado una aceleración inusitada en cuestión de meses a nivel global, remarcando aún más este efecto en Latinoamérica, y en especial en los países con menor inclusión financiera y déficit de implementación de nuevas tecnologías. En particular en Argentina, y replicando la experiencia de otros países de la región, se ha reglamentado desde 2018 la utilización de cheques electrónicos y facturas de crédito electrónicas con el objetivo de impulsar el financiamiento PYME, pero no fue sino hasta el inicio de la pandemia que estos productos cobraron especial relevancia en términos de volúmenes operados.
Ambos instrumentos cuentan con todas las ventajas de los productos digitales, como ser la seguridad, inmediatez, eficiencia, menores riesgos operativos, reducción de costos y mitigación de riesgos sanitarios. La operatoria 100% digital evita la logística y la manipulación de objetos físicos, y permite completar ágilmente la operación respetando en todo momento el distanciamiento social.
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La factura de crédito electrónica (FCE), sancionada por la Ley de Financiamiento Productivo (Ley 27.440) se encuentra actualmente en un proceso de franca expansión. Este instrumento habilita a que toda PYME que haya emitido una FCE a una gran empresa pueda negociar en forma anticipada a través de diversos canales habilitados: el mercado de capitales, las plataformas privadas de negociación, y el mercado financiero (recientemente incorporado). Este instrumento financiero cuenta con ventajas únicas, como no requerir aval de una sociedad de garantía recíproca, evitar que la PYME sea responsable solidaria del pago al vencimiento ante un evento de impago, o prescindir de la necesidad de que la PYME cuente con líneas de crédito en entidades financieras o de un scoring crediticio formado en el mercado.
Esta innovadora forma de conseguir financiamiento a través del factoring electrónico opera en Chile con volúmenes del orden del 10% del PBI, mientras que en Argentina se encuentra en el orden del 0.3% del PBI. Esto demuestra el potencial de crecimiento del producto, sumado al hecho de que unas 140.000 PYMES emiten este tipo de facturas mensualmente por un total equivalente en dólares a U$S 2.500.000.000
El impacto de la pandemia en la macroeconomía, y la drástica disminución en el volumen de negocios de las empresas torna cada vez más relevante el uso de este tipo de instrumentos financieros, en especial en el segmento PYME, que en Argentina representa el 98% de las empresas y que siendo responsables del 70% del empleo formal del país, contribuyen a generar el 40% del PBI. Acompañado por el impulso de los organismos gubernamentales en términos normativos, se espera que el mercado de factoring electrónico en Argentina se siga consolidando, fortaleciendo así la posición financiera de las PYMES y contribuyendo indirectamente con la macroeconomía tanto en términos de producción de bienes y servicios, como de la generación de empleo.
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