A inicios de los noventa Colombia tenía un sistema de pensiones totalmente desarticulado, en el que las entidades públicas otorgaban pensiones sin cálculos para determinar su costo futuro, y lo peor, sin recursos para honrar ese pasivo pensional. Esta situación puso sobre la mesa la necesidad de promover una reforma pensional que permitiera estructurar un verdadero y único sistema de pensiones, tanto para empleados públicos (excluyendo militares y profesores), como para trabajadores privados.
Con este principal objetivo se estructuró la Ley 100 de 1993, aunque por los vaivenes políticos se llegó a una opción menos completa que la original.
No obstante, esta ley ha sido fundamental para organizar mucho mejor el sistema pensional colombiano y uno de sus grandes logros fue crear las condiciones para que el país generara los recursos necesarios para pagar sus compromisos en materia pensional, por lo cual el ahorro pensional ha crecido consistentemente desde la mitad de la década de los noventa, como se observa en la siguiente gráfica: en 1994, Colombia tenía un ahorro pensional de 2,6 billones de pesos, lo que equivalía a 3,85% del PIB. Hoy en día el país cuenta con un ahorro pensional de 284,9 billones de pesos, equivalente al 30% del PIB, y aunque todavía es una cifra baja en comparación con otros países similares (y frente a los mejores sistemas pensionales del mundo), es mucho mejor a lo que tendríamos de no haber implementado la ley 100.
Un sistema pensional con ahorro es un sistema pensional mucho más sólido pues las promesas tienen un respaldo económico para honrarlas a futuro. Esto es particularmente importante para mi generación, para la de nuestros hijos y nuestros nietos, porque al existir verdaderamente un ahorro para cumplir con los compromisos futuros, la deuda que tendremos que pagar (mi generación y las siguientes) disminuirá considerablemente, como se observa en el gráfico 2.
Por otra parte, el ahorro pensional no solo es bueno para pagar las obligaciones futuras, sino que dicho ahorro se utiliza como inversión en activos productivos (empresas, infraestructura, en el mismo gobierno) lo que se traduce en un mayor crecimiento económico del país; mayor crecimiento que va acompañado de menos población en la pobreza y, en general, de mejores condiciones para los colombianos. Por ejemplo, el ahorro de los fondos de pensiones ha permitido que el país crezca en promedio 0,58 puntos porcentuales más cada año, solo por dicho proceso de inversión.
Si bien, éstos logros son muy importantes, la ley 100 de 1993 se enfocó, principalmente, en tener un mejor sistema pensional (mejor, aunque aún lejos de ser perfecto). Este sistema está pensado y dirigido para la población más formal, es decir, aquella que cotiza regularmente a la seguridad social, pero lastimosamente Colombia, desde hace muchas décadas, ha presentado unos niveles de informalidad muy elevados. Por ejemplo, hoy en día de los 22 millones de ocupados, solamente 8 millones cotizaron a la seguridad social el mes pasado, y si miramos quienes cotizaron al menos 9 meses en el último año, esa cifra cae a 2,4 millones de personas.
Este mal funcionamiento del mercado laboral tiene fuertes consecuencias en los resultados del sistema general de pensiones, pues si la población no cotiza regularmente la probabilidad de obtener una pensión se reduce considerablemente. Por lo anterior, la cobertura pensional, entendida como la población mayor con acceso a una pensión, es una de las más bajas de la región; hoy tenemos 6 millones de adultos mayores de los cuales 1,4 millones tienen pensión (23%), 1,5 millones acceden a un subsidio monetario de 75 mil pesos, a través del programa Colombia Mayor, focalizado a los adultos mayores más vulnerables, y el resto, 3,1 millones, no tienen ingreso alguno. Esta baja cobertura es uno de los grandes retos que enfrenta hoy el sistema pensional, y debería ser el principal objetivo de una futura reforma pensional. Dicha cobertura es mucho más baja en el sistema público de pensiones, en donde se requieren 1,300 semanas de cotizaciones, en comparación con un fondo de pensiones donde el afiliado se puede pensionar con su ahorro, o si este no es suficiente, se puede pensionar con 1,150 semanas, es decir, tres años menos que en la administradora pública.
Por otra parte, aunque la ley 100 de 1993, y la ley 797 de 2003 han introducido cambios muy importantes en materia pensional, hoy en día persiste un gran problema de equidad. Según datos del gobierno nacional, quien cotiza sobre 19 millones de pesos al mes (población de muy altos ingresos), de pensionarse en la administradora pública, en promedio, recibe un subsidio de más de mil millones de pesos en el valor de su pensión. Esto es totalmente inadmisible, pues esos recursos deberían dirigir a los más vulnerables. Además, mientras al 10% que logra pensión se les otorga altos subsidios, más altos entre más gane el individuo, al 90% que no se pensiona pero que aportó algo al sistema, se le devuelven sus aportes con una tasa de interés de 0% real. En otras palabras, el 90% de menores ingresos, y mayor nivel de informalidad, en el régimen público de pensiones le presta al gobierno a una tasa de interés de 0% para que éste a su vez pase esos recursos al 10% que sí se pensiona y que es la población más formal y de mayores ingresos.
Los grandes retos de hoy es continuar la senda positiva que dejó la ley 100 en materia de sostenibilidad y ahorro pensional, y buscar mejores condiciones para aumentar cobertura pensional y hacer un sistema de pensiones más equitativo.
Propuesta de reforma
Con el fin de lograr esos tres objetivos (cobertura, equidad y sostenibilidad), hemos propuesto desde Asofondos la creación de un sistema integral de protección para la vejez. Un sistema pensado para la población colombiana en su conjunto, no exclusivamente para los formales. Este sistema tendrá un modelo no contributivo, que partirá del programa Colombia Mayor, pero donde el valor del subsidio que hoy es de 75 mil pesos mensuales suba a 250 mil pesos, lo cual aseguraría que todos los adultos mayores vulnerables (Sisbén 1 y 2) tuvieran ingresos de, al menos, la línea de pobreza. Por su parte, para la población que, aunque accedió en algunos años a trabajos formales, pero que no alcanza a cumplir los requisitos para acceder a una pensión, estamos proponiendo que el ahorro realizado en el sistema contributivo lo pase por defecto a una renta vitalicia de BEPS, asegurando así que esos recursos sean utilizados realmente como protección para la vejez.
Por último, en el sistema contributivo es necesario eliminar los subsidios de las pensiones públicas (las altas), así como fortalecer los buenos resultados de la Ley 100, esto es, seguir aumentando el ahorro pensional. Entre más ahorro pensional más y mejores pensiones podremos pagar en el futuro, y el sistema siempre tendrá los recursos para honrar sus compromisos con los colombianos.
