Hablar de sostenibilidad, es hablar de largo plazo; es hablar de una senda al futuro constante, sin embargo; es imperativo considerar a la par el desarrollo económico, contar con más y mejores fuentes que aseguren la diversidad de ingresos y mejoramiento de la calidad de vida bajo la premisa de la autogestión y la creación de valor.
En los últimos años se ha ido arraigando el enfoque de negocios conscientes que consideran además de riqueza, reflexiones al gestionar su entorno socio ambiental motivando impactos positivos que superen lo responsable de atender impactos negativos por la operación.
En el mismo sentido, confluyen desde lo sociopolítico aristas que soportan estas visiones del desarrollo, entre ellas, el recientemente reglado Acuerdo de Escazú; la consulta previa con su inexistente regulación, pero si nutrida jurisprudencia; incluida la actualización (en curso) de la ley 99 que moderniza el Sistema Nacional Ambiental, entre otros lineamientos que orientan el relacionamiento con el entorno.
Es clave comprender que la gestión sostenible, involucra negocios y entorno como una dupla indivisible. En ese contexto adquiere relevancia la recién adoptada clasificación de negocios sostenibles conocida como Taxonomía Verde que aseguran inversiones y proyectos de compañías que evitan el mal llamado «greenwashing.»
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Este contexto de sostenibilidad y entorno de los negocios, lo abordó con el propósito de reflexionar sobre la importancia de integrar visiones y demostrar la necesidad de gestionar los territorios donde se opera, bajo un enfoque preventivo de riesgos que aseguren la fluidez operacional y el cumplimiento regulatorio.
En ese marco uno de los principales retos es el relacionado con la Consulta Previa, que es una oportunidad de diálogo esencial; este proceso amparado en la constitución, no debería ser visto como una mera formalidad, sino como una necesidad crítica antes de (idealmente) tomar decisiones de inversión, en lo particular considero el primer paso para crear valor compartido en territorios con presencia de población étnica.
Cada territorio tiene su propia realidad social y cultural; la comprensión de las dinámicas locales garantiza que los proyectos se integren de manera efectiva y asegura -o al menos mitiga- los riesgos asociados a la continuidad operacional; comprender contextos y roles es una necesidad al abordar los proyectos.
Por otro lado, tenemos el Acuerdo de Escazú que representa un avance significativo en la promoción de la justicia ambiental, pero también retos que aseguren información amplia a cualquier interesado, por tanto es importante que las empresas, desarrollen mecanismos de acceso público que eviten reprocesos y ralenticen la operación, a propósito de requerimientos informativos que lleguen con impactos inesperados.
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Un mecanismo que podría ser útil para legitimar el hecho del crecimiento sostenible es la recién adoptada Taxonomía Verde, una herramienta para clasificar y asegurar inversiones, permite diferenciar proyectos que contribuyen a la sostenibilidad, de aquellos que son ejemplos de mercadeo.
Esto es fundamental para evitar prácticas engañosas que socavan los esfuerzos y afectan la reputación de aquellas que sí son responsables, bajo el amparo de algunas minorías inconscientes. ¿Que tal que viralicemos esto y amparemos las actuaciones enmarcadas en los códigos de la Taxonomía Verde?
Colombia tiene un potencial tremendo para liderar el camino hacia un desarrollo sostenible. Esto se logrará a través de inversiones responsables y éticas que consideren los elementos mencionados.
Es una oportunidad para demostrar que es posible crecer económicamente respetando el entorno y asegurando la equidad social, contribuyendo a la desmitificación de narrativas populistas sobre impactos y no contribución a la prosperidad de todos.
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