La intervención de Ueno Bank en Paraguay encendió las alarmas sobre la administración de los recursos financieros de millones de personas y abrió un debate que trasciende las fronteras de ese país: ¿qué ocurre con el dinero destinado a las pensiones cuando una entidad bancaria enfrenta una crisis? Aunque los sistemas de jubilación de Colombia, México y Chile tienen mecanismos diferentes, el episodio pone sobre la mesa la importancia de la supervisión financiera, la diversificación de las inversiones y la protección del ahorro de los trabajadores.
La crisis de Ueno Bank y los recursos pensionales
El sistema financiero de Paraguay enfrenta uno de sus episodios más delicados tras la decisión del Banco Central del Paraguay de iniciar, el 2 de noviembre de 2026, el procedimiento de resolución de Ueno Bank, una entidad financiera que había experimentado un crecimiento acelerado y alcanzado cerca de tres millones de clientes.
La medida fue adoptada después de que las autoridades identificaran una insuficiencia en su índice de solvencia, que cayó por debajo del 50 % del mínimo legal requerido. El procedimiento busca gestionar de manera ordenada la situación patrimonial de la entidad, proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero.
Sin embargo, uno de los aspectos que generó mayor preocupación fue la exposición de recursos públicos y previsionales a esta institución.
El Instituto de Previsión Social (IPS), organismo encargado de administrar la seguridad social de una parte importante de los trabajadores paraguayos, mantenía aproximadamente US$355 millones depositados e invertidos en Ueno Bank, según información divulgada por su gerencia financiera. Esta cifra representaba alrededor del 9 % de su cartera de inversiones.
Los recursos estaban distribuidos entre depósitos a la vista y depósitos a plazo, además de instrumentos financieros como certificados de depósito de ahorro y bonos.
La situación abrió interrogantes sobre los criterios utilizados para seleccionar las entidades financieras receptoras de recursos previsionales, los límites de concentración de las inversiones y los mecanismos disponibles para recuperar el dinero ante una eventual insolvencia bancaria.
¿Están en peligro las pensiones de los jubilados paraguayos?
Una de las principales preocupaciones tras conocerse la intervención fue la posibilidad de que los jubilados dejaran de recibir sus mesadas.
No obstante, el IPS comunicó que los pagos continuarían conforme al calendario establecido. La institución explicó que las jubilaciones mensuales se financian principalmente con los aportes de trabajadores y empleadores, por lo que no dependen directamente de las inversiones mantenidas en Ueno Bank.
También anunció la migración de las cuentas bancarias de aproximadamente 32.000 jubilados que recibían sus prestaciones a través de esa entidad.
Esta explicación permite entender una diferencia fundamental: los recursos utilizados para pagar las obligaciones mensuales de un sistema pensional no son necesariamente los mismos que se mantienen como reservas o inversiones para respaldar sus compromisos futuros.
Por tanto, la intervención de un banco no implica automáticamente la suspensión de las pensiones. Sin embargo, sí puede comprometer parte del patrimonio de una institución previsional, reducir su liquidez y generar pérdidas si no consigue recuperar la totalidad de los recursos.
En el caso paraguayo, el proceso de recuperación de los fondos del IPS se convirtió en uno de los asuntos centrales de la intervención bancaria.
Colombia tiene dos mecanismos diferentes para financiar las pensiones
En Colombia, la discusión sobre la seguridad del ahorro pensional requiere considerar que existen dos mecanismos principales de financiación: el Régimen de Prima Media, administrado por Colpensiones, y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, administrado por fondos privados.
En el primero, los aportes de los trabajadores activos y sus empleadores ingresan a un fondo común que contribuye a financiar las prestaciones de los pensionados actuales. El Estado también respalda el cumplimiento de las obligaciones del sistema.
Esto significa que existe una relación directa entre los aportes de quienes trabajan y el pago de las pensiones de quienes ya se jubilaron.
En el segundo mecanismo, cada afiliado acumula recursos en una cuenta individual. El capital está compuesto por sus cotizaciones y los rendimientos generados mediante inversiones realizadas por el fondo de pensiones.
En este modelo, la rentabilidad de las inversiones y el capital acumulado tienen un papel determinante en la financiación de la jubilación.
La diferencia es importante al analizar una crisis bancaria. Una eventual pérdida en una inversión puede afectar el patrimonio de un fondo privado y, dependiendo de la naturaleza de los activos y las condiciones de mercado, tener consecuencias para los afiliados. En Colpensiones, por su parte, el riesgo principal está relacionado con la sostenibilidad financiera del régimen, su capacidad para recaudar aportes y las obligaciones que debe atender.
Colombia también cuenta con Fogafín, entidad que administra el Seguro de Depósitos y protege determinados productos de ahorro bancario hasta por $50 millones por persona y por entidad inscrita.
No obstante, este seguro no debe confundirse con una garantía sobre los ahorros pensionales administrados por los fondos privados. Son recursos con naturaleza y mecanismos de protección diferentes.
México y el papel de las AFORE en la protección del ahorro
México cuenta con un sistema en el que las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) desempeñan un papel fundamental en la gestión del ahorro previsional de millones de trabajadores.
A través de cuentas individuales, se acumulan las aportaciones del trabajador, del empleador y del Estado, según el régimen aplicable. Estos recursos se invierten con el propósito de generar rendimientos que contribuyan a financiar la pensión futura.
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) supervisa el funcionamiento de las administradoras y establece disposiciones relacionadas con la gestión de los recursos.
A diferencia de un sistema tradicional de reparto, las cotizaciones de los trabajadores no se destinan directamente a financiar las pensiones de todos los jubilados actuales. Se acumulan en cuentas individuales y se invierten para construir el patrimonio previsional de cada afiliado.
México también cuenta con el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que protege determinados depósitos bancarios hasta por 400.000 unidades de inversión (UDI) por persona y por institución.
Sin embargo, esta cobertura corresponde a depósitos bancarios protegidos y no significa que el ahorro administrado por las AFORE tenga una garantía equivalente frente a las pérdidas de mercado.
Por eso, la experiencia paraguaya permite plantear una pregunta relevante para los trabajadores mexicanos: ¿qué controles existen sobre las instituciones financieras y los instrumentos en los que se invierten los recursos destinados al retiro?
Chile y la importancia de separar los fondos de las administradoras
Chile desarrolló un sistema previsional basado principalmente en la capitalización individual, en el que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) gestionan los recursos acumulados por los trabajadores.
Las cotizaciones se depositan en cuentas individuales y se invierten en diferentes instrumentos financieros, con el objetivo de obtener rendimientos durante la vida laboral del afiliado.
Una característica importante de este modelo es que los recursos previsionales pertenecen a los trabajadores y están separados del patrimonio propio de las AFP.
Esto significa que los ahorros acumulados en las cuentas individuales no forman parte del capital de la empresa que administra los fondos. Por consiguiente, una eventual dificultad financiera de una administradora no implica automáticamente que los recursos previsionales de sus afiliados desaparezcan.
La Superintendencia de Pensiones de Chile establece mecanismos de supervisión sobre las inversiones y las entidades administradoras.
Sin embargo, la separación patrimonial no elimina los riesgos asociados a las inversiones. El valor de los fondos puede fluctuar según el comportamiento de los mercados, los instrumentos financieros y las condiciones económicas internacionales.
Por eso, el caso paraguayo también permite analizar la diferencia entre una entidad que administra recursos previsionales y una institución bancaria que recibe depósitos o inversiones de un fondo de pensiones.
Los seguros de depósitos no garantizan todos los ahorros para la jubilación
Otro aspecto que merece atención es la diferencia entre los mecanismos de protección de los depósitos bancarios y los mecanismos de supervisión de los fondos de pensiones.
En Colombia, Fogafín protege determinados depósitos hasta por $50 millones por persona y por entidad financiera inscrita. En México, el IPAB establece una cobertura de hasta 400.000 UDI por persona y banco. Paraguay cuenta con un Fondo de Garantía de Depósitos que cubre hasta 75 salarios mínimos por depositante y entidad financiera.
Estos instrumentos buscan proteger a los ahorradores ante la liquidación de determinadas instituciones financieras.
Sin embargo, no deben interpretarse como seguros generales para las inversiones de los fondos de pensiones.
Cuando una entidad previsional coloca recursos en depósitos bancarios, adquiere instrumentos de deuda o realiza otras inversiones, la recuperación del dinero depende de la naturaleza jurídica de cada operación, las garantías existentes, las reglas de prelación de acreedores y los mecanismos de supervisión correspondientes.
Por esta razón, resulta fundamental que los trabajadores comprendan que tener una cuenta de ahorro protegida por un seguro de depósitos no equivale a contar con una garantía absoluta sobre el dinero destinado a financiar su jubilación.
La diversificación y la supervisión como herramientas de protección
Más allá de las particularidades de cada país, la crisis de Ueno Bank deja una discusión común para los sistemas financieros latinoamericanos: cómo garantizar que los recursos destinados a las pensiones se administren con criterios adecuados de seguridad, rentabilidad y transparencia.
Uno de los principios fundamentales es la diversificación. Concentrar una proporción elevada de los recursos en una sola institución puede aumentar la exposición ante problemas de solvencia, incumplimientos o dificultades operativas.
También es necesario contar con límites de inversión, evaluaciones periódicas de riesgo, auditorías independientes y mecanismos que permitan identificar oportunamente posibles conflictos de interés.
La supervisión debe considerar no solamente la rentabilidad que ofrece una inversión, sino también la capacidad financiera de la entidad que recibe los recursos, la calidad de sus activos y la relación entre sus operaciones y los intereses de quienes administran el dinero.
En este escenario, los organismos reguladores de Colombia, México y Chile tienen un papel determinante en la vigilancia de las instituciones financieras y previsionales, cada uno dentro de las características de su propio sistema.
El futuro de las pensiones también depende de la confianza
El caso de Paraguay demuestra que la seguridad de los recursos pensionales no depende exclusivamente de cuánto dinero aportan los trabajadores o de la rentabilidad que generan las inversiones. También está relacionada con la calidad de las instituciones que administran esos recursos y con la capacidad de las autoridades para supervisar sus operaciones.
Colombia, México y Chile tienen modelos diferentes, pero comparten un desafío: garantizar que el ahorro acumulado durante la vida laboral pueda convertirse en una fuente de ingresos para la vejez.
La experiencia de Ueno Bank no permite concluir que los sistemas pensionales de estos países estén expuestos a una crisis equivalente. Sin embargo, sí plantea una oportunidad para revisar los controles, la transparencia y la gestión de los riesgos financieros.
En última instancia, la confianza de los trabajadores depende de que existan reglas claras, instituciones sólidas y mecanismos efectivos de vigilancia y protección.
Porque el dinero destinado a la jubilación no representa simplemente un activo financiero: constituye el respaldo económico que millones de personas esperan tener cuando finalice su vida laboral.
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