El debate sobre las llamadas comerciales y el spam telefónico volvió a instalarse en Chile tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Chile que dejó sin efecto la obligación de utilizar los prefijos 600 y 809 para identificar este tipo de comunicaciones. La medida, implementada en 2025 por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, buscaba que las personas pudieran reconocer si una llamada era solicitada o no antes de contestar. Sin embargo, la Tercera Sala determinó que la autoridad regulatoria excedió sus competencias al aplicar esta exigencia a las llamadas de cobranza extrajudicial, al considerar que estas forman parte de un servicio ya contratado y no de una oferta comercial.
Para muchos, esta decisión puede interpretarse como un retroceso o incluso como una señal de que volveremos al escenario del “acoso telefónico”. Es comprensible: la sensibilidad ciudadana frente a las llamadas masivas es alta y los fraudes asociados a comunicaciones telefónicas han aumentado. No obstante, el cambio no implica la liberación indiscriminada de llamadas comerciales, sino principalmente ajustes en la gestión de cobranza. Más que discutir si el prefijo era bueno o malo, lo relevante es reconocer que el problema de fondo es mucho más complejo que un número al inicio de una llamada.
El sistema de prefijos tenía un objetivo claro: permitir identificar de inmediato el origen de la comunicación. Sin embargo, en la práctica también generaba distorsiones, especialmente cuando se trataba de contactos derivados de servicios ya contratados por los propios usuarios. Hoy la pregunta clave no debería ser si eliminarlos fue correcto o incorrecto, sino cómo evolucionan las regulaciones en un entorno tecnológico que cambia a gran velocidad y donde los mecanismos de fraude se sofisticaron mucho más allá de lo que un prefijo puede resolver.
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El crecimiento del spam telefónico y de las estafas obliga a avanzar hacia una nueva generación de herramientas. Hoy existen soluciones que permiten autenticar llamadas, verificar su origen, trazar las comunicaciones y detectar patrones sospechosos mediante sistemas inteligentes. Ese es el estándar hacia el que avanzan distintos mercados: no solo identificar una llamada comercial, sino asegurar quién está realmente detrás de ella y que los datos de las personas estén protegidos.
Esto no significa restringir todas las comunicaciones empresariales. En una economía moderna, las empresas necesitan contactar a sus clientes para ofrecer servicios, resolver problemas o informar sobre productos que pueden ser beneficiosos. El desafío es que esas comunicaciones ocurran en un entorno seguro, transparente y con reglas claras, donde los usuarios tengan control y confianza.
Las compañías que operan de manera responsable también necesitan un ecosistema confiable. Cuando existe transparencia y trazabilidad, se protege a los consumidores, se reducen los espacios para el fraude y se fortalece la relación entre empresas y clientes. Por eso, más que hablar de retrocesos, este momento puede convertirse en una oportunidad para modernizar la regulación y alinear la protección del usuario con las capacidades tecnológicas actuales.
El debate recién comienza y exige una mirada equilibrada. Proteger a las personas es fundamental, pero también lo es permitir el funcionamiento legítimo de las comunicaciones comerciales en una economía digital. Si logramos avanzar hacia soluciones más inteligentes, Chile no solo evitará retroceder en la lucha contra el spam, sino que podrá dar un paso decisivo hacia un sistema de comunicaciones más seguro, transparente y acorde a los desafíos del siglo XXI.
