“Se requiere consolidar un pilar solidario y subsidiado para los adultos mayores pobres, que cubra por lo menos la línea de pobreza absoluta, financiado por el presupuesto nacional.”
Una reforma del sistema de protección a la vejez debe estar basada en tres premisas: 1) proveer un ingreso digno a los adultos mayores y de ninguna manera darle caja a un gobierno para gasto corriente o pare reducir su déficit fiscal, como sucedió en Argentina y algunos países de Europa del Este; 2) entender las consecuencias sobre la seguridad social del dramático incremento de la tasa de dependencia de los adultos mayores sobre una decreciente población trabajadora activa; 3) aceptar con Thomas Piketty que la rentabilidad del capital es mayor que el crecimiento del ingreso o del crecimiento del valor de la masa laboral.
Si se aceptan dichas premisas, el pilar contributivo de un sistema de protección a la vejez debe estar basado en el ahorro y la capitalización, que puede ser administrado por entidades tanto públicas como privadas. La segunda premisa implica que los sistemas de reparto o de prima media no son viables, porque el dramático incremento de la tasa de dependencia hace que financieramente dichos regímenes sean verdaderos esquemas piramidales. La transición demográfica afecta también por supuesto a los sistemas de capitalización, pero la conjunción de las premisas segunda y tercera hacen que los cambios en las variables de ajuste (tasas de reemplazo, edad de jubilación o tasas contributivas) sean menores en los sistemas de ahorro que en los de reparto, como consecuencia del envejecimiento. Por estas consideraciones, un creciente número de países están migrando desde el reparto a la capitalización. Mientras en 1998 solo nueve contaban con un pilar de capitalización, hoy en día lo tienen 44 países, siendo los Países Nórdicos, los Países Bajos y China los últimos en dar este paso.
Además de las consideraciones estructurales dadas por las mencionadas premisas, una reforma del sistema de protección a la vejez debe tener en cuenta, como punto de partida, los logros y desafíos que tiene el actual sistema de Colombia. En primer lugar, existe una informalidad laboral de un 65% y una tasa de pobreza cercana a un 40% de la población, lo que hace que un porcentaje muy alto de la población jamás logre alcanzar una pensión de por lo menos un salario mínimo. Por esta razón, se requiere consolidar un pilar solidario y subsidiado para los adultos mayores pobres, que cubra por lo menos la línea de pobreza absoluta, financiado por el presupuesto nacional. Actualmente, de los más de 6 millones de adultos mayores 1,7 millones recibe alguna modalidad de pensión, mientras que 1,7 millones es beneficiario de un subsidio de $80 mil mensuales del programa Colombia Mayor. Sin embargo, cerca de 3 millones de adultos mayores no reciben ningún tipo de ayuda para su vejez.
“Las inversiones que han realizado los fondos de pensiones en infraestructura y en activos inmobiliarios han sido claves para generar empleo, para dinamizar otros sectores de la economía, aumentar la productividad e incrementar el PIB en el mediano y largo plazo.”
En segundo lugar, el régimen público de pensiones tiene un déficit muy elevado, con un costo total de $74 billones, de los cuales $50 billones van con cargo al Presupuesto General de la Nación, lo que equivale a un déficit de un 4% del PIB para cubrir apenas a 2,4 millones de pensionados. Esto representa casi lo mismo que se invierte en educación y es superior al que se destina para salud, el cual cubre servicios para 49 millones de personas, prácticamente todos los colombianos.
En tercer lugar, el RPM es extremadamente regresivo, pues cerca de un 75% de los subsidios pensionales, que alcanzan los $20 billones, están dirigidos a los dos quintiles de más altos ingresos, mientras que solo $1,8 billones se destinan al programa de Colombia mayor que beneficia a los adultos mayores más vulnerables. La eliminación de dichos subsidios debe ser una prioridad.
En cuarto lugar, una reforma al sistema de protección a la vejez debe tener en cuenta las externalidades positivas de los sistemas de capitalización. Los cerca de 18,2 millones de colombianos afiliados a las AFP poseen un ahorro de más de $350 billones, de los cuales cerca de un 70% corresponden a rendimientos generados, evidenciando no solo el bienestar para los afiliados quienes son propietarios de los recursos ahorrados si no para el país, que se ha visto favorecido de la inversión de los recursos. Estos ahorros invertidos suman cerca de 0,6 p.p. al crecimiento del país cada año, de acuerdo a un estudio de Fedesarrollo. El sistema de capitalización individual ha promovido la profundización del mercado financiero, el desarrollo del crédito y una mayor inversión. Los fondos de pensiones en inversiones de renta variable representan cerca de un 11% de la capitalización bursátil y tienen una capitalización flotante de cerca del 50%, lo que muestra el nivel de desarrollo que genera en las compañías. A su vez, las inversiones que han realizado los fondos de pensiones en infraestructura y en activos inmobiliarios han sido claves para generar empleo, para dinamizar otros sectores de la economía, aumentar la productividad e incrementar el PIB en el mediano y largo plazo. Hoy los fondos de pensiones tienen invertidos cerca de $33 billones en infraestructura que incluye concesiones 4G, proyectos de logística, transporte, concesión de aeropuertos, colegios, hospitales, financiamiento de transporte urbano y acciones con alto contenido en infraestructura, inversiones que han aportado al desarrollo del país.
