Estados Unidos retiró la certificación a Colombia en su lucha contra el narcotráfico, una acción que no se veía desde 1996.
Esta medida marca un quiebre importante en la relación bilateral, con efectos tanto diplomáticos como económicos. Aunque las autoridades reconocen los esfuerzos de Colombia en combatir el narcotráfico, la decisión genera incertidumbre sobre la cooperación futura en temas de seguridad.
En materia económica, la descertificación tiene consecuencias vigiladas por inversores y gremios. Colombia ha sido vista como un socio confiable, especialmente en exportaciones e inversión extranjera directa. Hasta julio de 2025, el país registró exportaciones hacia EE.UU. por 8.811 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 7,7 % frente al mismo periodo en 2024. Esa relación comercial ha sido clave en sectores exportadores que dependen del mercado estadounidense.
Además, EE.UU. es una de las principales fuentes de inversión extranjera directa en Colombia. En el primer semestre de 2025, este país aportó 2.268 millones de dólares, lo que supone el 34,4 % del total de inversión extranjera del país que fue de 6.579 millones de dólares.
Acciones concretas que tomará EE.UU. con Colombia
Aunque la descertificación no implica sanciones inmediatas como aranceles o bloqueos, sí modifica la percepción de riesgo que tienen los Estados Unidos y los inversores internacionales respecto a Colombia. Se reconoce que el país debe demostrar avances tangibles en la lucha contra cultivos ilícitos, reducción de la producción de cocaína, cumplimiento de compromisos legales y transparencia gubernamental.
Desde Washington, una de las acciones será condicionarle el retorno de beneficios relacionados con cooperación antidrogas bajo criterios claros. Una señal importante es la exigencia de “victorias tempranas” para evidenciar mejoras concretas, como erradicación efectiva, incautaciones o reducción de nuevos cultivos ilícitos.
Además, se espera que EE.UU. modifique sus evaluaciones de riesgo país y de inversión para Colombia. Esa modificación podría traducirse en mayores tasas de interés, más dificultad para acceder a ciertos fondos de financiamiento internacional, o precaución de parte de los inversionistas al emitir nuevos proyectos. El sector exportador también advierte la posibilidad de que los acuerdos o negociaciones para exenciones arancelarias se vuelvan más complejas bajo el nuevo escenario.
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