Baker McKenzie, dio a conocer la importancia de adoptar mejores prácticas de Cumplimiento Corporativo y el alto impacto que éstas tienen en el actuar de las organizaciones, durante un evento realizado en días pasados. El encuentro contó con la participación de Brian Whisler, Co-Presidente del Grupo Norteamericano de Cumplimiento de Baker McKenzie, y miembro del Comité Global de Cumplimiento e Investigaciones de la Firma.
Cumplimiento Corporativo en Colombia:
Según Carolina Pardo, Socia quien lidera el grupo de práctica de Cumplimiento Corporativo en Colombia, «La corrupción representa una gran amenaza para la estabilidad de cualquier país. Sus consecuencias se ven reflejadas en personas naturales y jurídicas, generando riesgos legales y reputacionales, que deben ser atacados desde todas las ópticas. Es por esta razón que los gobiernos a nivel mundial están expidiendo guías para ayudar a las empresas a adoptar programas de cumplimiento y además sobre los lineamientos de evaluación de los mismos, con el propósito de contrarrestar prácticas corruptas a nivel global; como ejemplo tenemos la Circular emitida por la Superintendencia de Sociedades y las Guías que la Sección de Fraudes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, publicó en febrero pasado».
Las prácticas corruptas afectan de forma directa la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros que de otra manera se podrían interesar en generar un crecimiento en la economía de un país.
De esta manera, las instituciones gubernamentales han considerado necesario ayudar a establecer los lineamientos sobre los mecanismos para construir e implementar programas de cumplimiento de manera adecuada y robusta, lo que permitirá prevenir, detectar y remediar de manera oportuna las malas conductas en cualquier organización. Para Pardo, la clave radica en tomar consciencia al más alto nivel de la empresa y desde ahí buscar una evaluación de riesgos que permita adoptar una cultura de cumplimiento en las empresas.
Guías:
La Guía de Evaluación del Programa de Cumplimiento Corporativo, emitida por la Sección de Fraude del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, así como las Guías de la Superintendencia de Sociedades fueron discutidas durante la presentación que Baker McKenzie hizo recientemente. Durante la charla se resaltó que por muy buenos que sean los programas de cumplimiento empresarial, las organizaciones no están completamente blindadas por lo cual la revisión debe ser constante y desde los más altos cargos.
Según Pardo, para evitar prácticas relacionadas con corrupción es necesario:
Ø Que exista un compromiso firme por parte de las directivas de las organizaciones, para que la cultura de cumplimiento se adopte integralmente y los manuales de cumplimiento funcionen.
Ø Tener controles periódicos que sean aplicables a la empresa.
Ø Honestidad al momento de identificar un problema de cumplimiento.
Ø Cuando se detecte una falla de cumplimiento, es necesario reparar lo que falló para lo cual se debe investigar qué fue lo qué pasó y tomar las debidas medidas y decisiones con respecto a la problemática con el propósito de enmendar el vacío o la falla. Los programas de cumplimiento deben ser dinámicos.
Específicamente para el caso de Colombia, el 31 de marzo se cerró el plazo para que las empresas seleccionadas adoptaran manuales de cumplimiento con el objetivo de estar alineadas con los lineamientos planteados por la Superintendencia de Sociedades.
¿Qué pasa con las empresas que no cumplieron con el plazo de adoptar un manual de cumplimiento?
Las empresas pierden la oportunidad de prevenir graves daños reputacionales, dañar su estructura corporativa y además ser sometidos a sanciones significativas.
Carolina Pardo menciona que tener una política de cumplimiento adecuada, les permite a las empresas funcionar mejor.
El reto de Colombia, radica en que las empresas tomen conciencia de la importancia de este tema como un asunto de cultura empresarial y no sólo como un requisito legal más que hay que cumplir. Para el gobierno el reto está en expedir lineamientos claros, pero además adoptar medidas sancionatorias que sean oportunas, transparentes y proporcionales a los actos de corrupción detectados.
