Colombia se prepara para una transformación histórica en su sistema de pagos. En septiembre comenzará a operar plenamente Bre-B, la nueva plataforma nacional de pagos inmediatos que permitirá realizar transferencias electrónicas en tiempo real entre bancos, billeteras digitales, cooperativas y fintechs, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Impulsado y administrado por el Banco de la República, Bre-B garantiza interoperabilidad y neutralidad entre todos los actores del ecosistema financiero, consolidándose como una infraestructura pública moderna y segura. Hasta mediados de agosto, el sistema ya contaba con 10 millones de usuarios registrados y 25 millones de llaves de pago activas, cifras que reflejan la rápida adopción de esta nueva herramienta.
Actualmente, según cifras del Banco de la República el 78,6% de los pagos mensuales en Colombia se realiza en efectivo, lo que evidencia una alta dependencia del dinero físico. Esta situación responde principalmente a la fragmentación de los sistemas de pago existentes, los altos costos por transacción y la falta de inmediatez en las transferencias electrónicas. En este contexto, Bre-B surge como una solución estructural que busca derribar estas barreras, facilitar el acceso a servicios financieros y acelerar la inclusión financiera en zonas tanto rurales como urbanas.
Inspirado en sistemas internacionales como Pix en Brasil, UPI en India y SEPA en Europa, Bre-B permitirá a los usuarios transferir dinero a través de llaves digitales como el número de celular, correo electrónico, cédula o códigos únicos sin necesidad de conocer el número de cuenta bancaria del receptor. El sistema apunta a ser gratuito para los usuarios individuales y de bajo costo para comercios y pymes, lo que facilitaría su adopción masiva.
Expectativa por el impacto, pero también por los riesgos
El entusiasmo que despierta esta iniciativa no está exento de desafíos. Durante el proceso de inscripción de llaves de pago se han reportado intentos de fraude a través de suplantación de identidad, enlaces falsos enviados por SMS o correo electrónico y estafas en aplicaciones de mensajería, lo que pone en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención.
Si bien el sistema cuenta con validaciones centralizadas y monitoreo en tiempo real, la magnitud del cambio exige una gestión proactiva de los riesgos, especialmente en los primeros meses de adopción masiva. En este panorama, cobra especial relevancia la implementación de tecnologías avanzadas de detección de fraude.
Una de las soluciones más destacadas es RiskShield by INFORM, una plataforma de prevención del fraude impulsada por inteligencia artificial híbrida, diseñada para detectar y bloquear patrones sospechosos con alta precisión y en tiempo real antes de que el fraude se concrete.
Actualmente, más de 250 instituciones a nivel global confían en RiskShield como una herramienta probada y consolidada para hacer frente a los desafíos que implica la inmediatez en los pagos, posicionándola como un referente internacional en materia de seguridad transaccional.
Todavía queda un camino por recorrer, con desafíos técnicos y de educación financiera que requieren una atención constante por parte de todo el ecosistema. De hecho, todos los actores del sistema tenemos la responsabilidad de garantizar un entorno seguro que permita acelerar la inclusión financiera. En este contexto, es fundamental impulsar la adopción de soluciones basadas en inteligencia artificial, capaces de prevenir el fraude y proteger tanto a las personas como a las instituciones.
Además, que la puesta en marcha de Bre-B representa un hito para Colombia en su transición hacia una economía digital más segura, inclusiva e innovadora. Si el país logra replicar el éxito de otras iniciativas similares en la región y aplicar sus lecciones en prevención y mitigación del fraude, podrá reducir significativamente el uso del efectivo, mejorar la trazabilidad de las transacciones y facilitar la vida cotidiana de millones de personas. No obstante, su éxito no dependerá solo de la tecnología, sino del compromiso conjunto del gobierno, las entidades financieras, las empresas tecnológicas y los ciudadanos para garantizar una adopción segura, masiva y sostenible.
